La historia de Britney Spears la están viviendo miles de personas en España: 3 jóvenes cuentan cómo viven tutelados por sus padres

Britney Spears tenía 25 años cuando los medios de comunicación decidieron arruinar su carrera mientras la sociedad observaba impasible ese vilipendio. Memes, chistes y un sinfín de comentarios sobre Britney como cantante, Britney como madre y Britney como mujer plagaron las redes sociales. Todo estaba mal y la culpa era única y exclusivamente de ella, no de quienes la llevaron a ese extremo.

Ahora, 14 años después, miramos a la artista con otros ojos en busca de redención. El hashtag #FreeBritney ha causado la consternación de todos aquellos que durante 2007 avivaron el fuego.

Aunque la situación crítica que ha vivido y vive la cantante se remonta a 2009, no ha sido hasta julio de este año cuando Britney ha alzado la voz. En el tribunal de Los Ángeles, ha solicitado poner fin al tutelaje que su padre ejerce sobre ella desde 2008.

"Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz”, testificó la artista, “Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir. Solo quiero recuperar mi vida”. Y es que, durante más de diez años, su padre ha controlado todo lo relativo a Britney Spears, tanto en el terreno económico (decidiendo qué se publica y qué no, cuánto se cobra por ello y quién se queda ese dinero), y en el terreno personal (sometiéndola a un ingreso forzoso en un centro de salud mental, impidiéndole ver a sus hijos y tomando decisiones sobre el cuerpo de Britney pese a ser mayor de edad).

Al informarse legalmente sobre su situación y descubrir que ella misma podía pedir formalmente el fin de la tutela legal, decidió comenzar los trámites para recuperar su vida.

Esta decisión ha sido apoyada no sólo por sus fans, sino también por artistas como Mariah Carey, Christina Aguilera o Miley Cyrus, que de forma tajante han condenado el maltrato que lleva viviendo Britney durante todo este tiempo.

Si nos basamos en la definición oficial, una tutela es un procedimiento que busca proteger a las personas que “no tienen capacidad de obrar”, principalmente menores de edad, personas de edad avanzada, o aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Dicha discapacidad suele ser o bien intelectual, o bien psicológica por algún trastorno mental.

Los tutores pueden ser o bien los padres, pareja o un allegado (lo que se conoce como tutela familiar) o las autoridades (lo que se conoce como tutela institucional). Sea como sea, el objetivo es “complementar la vida de la persona tutelada” en aquellas situaciones en las que no tiene voluntad para actuar. En otras palabras, el tutor se compromete a actuar según las necesidades de la persona tutelada respetando sus derechos, y no imponiendo su propio criterio.

Sin embargo, lo que acabamos de ver es una definición teórica que no siempre se lleva a la práctica.

Lo primero que debemos saber es que las estadísticas sobre personas tuteladas comenzaron a informatizarse en 2009, sacando a la luz la existencia de 250.000 personas en España incapacitadas judicialmente, según fuentes del movimiento asociativo de la discapacidad, aunque desde diferentes movimientos asociativos alertan de que estas cifras no son del todo fiables y puede haber muchas más personas.

Lo segundo que debemos saber es que en junio de 2021, se produjo una reforma de la legislación que pasó desapercibida pero que cambió la vida de estas 250.000 personas: la desaparición de la incapacitación judicial. Por lo tanto, “desaparecerá” la tutela salvo para menores de edad.

Pero ojo, porque los padres de personas con algún tipo de discapacidad incapacitante se convertirán en “curadores”, es decir, seguirán pudiendo tomar decisiones financieras en situaciones excepcionales, pero no médicas, algo que sí podían hacer los tutores.

El objetivo de esta ley que entrará en vigor en septiembre de 2021 es que los antiguos tutores, ahora llamados curadores, se conviertan en un apoyo, evitando que impongan su capacidad y voluntad de decisión.

Hasta ahora hemos explicado la situación de las personas tuteladas sobre el papel, dejando en el aire una pregunta: ¿Se cumple la ley a rajatabla en el día a día? Álvaro, Raquel y Lorena, tres personas con discapacidad e incapacitación judicial, tienen claro que no.

“Si no te informas por tu cuenta sobre las leyes sobre tutelas y tus derechos, estás perdido”, afirma tajantemente Álvaro*, un joven de 26 años con Trastorno del Espectro Autista y discapacidad intelectual leve tutelado por su padre desde que cumplió la mayoría de edad. “Una persona con discapacidad puede llegar a pensar que cómo van a aprovecharse de él sus padres, si son quiénes tienen que protegerle, pero los padres por pura sobreprotección a veces sobrepasan los límites de nuestra autonomía”.

“Mi padre me acompaña a todas partes. Si voy al médico, él viene conmigo, y si voy yo por mi cuenta se entera porque el médico de cabecera le conoce, le llama y le cuenta todo ignorando la confidencialidad, porque se conocen de toda la vida y me ve como un pobrecito discapacitado que necesita a su padre”, se lamenta. “La única parte de mi vida donde me siento libre es en la universidad. Leí la historia de un chico con autismo, que su padre se matriculó en la universidad con él para ayudarle a socializar. Igual en su caso lo agradeció, pero sólo de imaginar a mi padre conmigo en clase me pongo nervioso”.

En el caso de Raquel, de 24 años, la tutela se debe a una incapacitación judicial por trastorno mental. “Tengo TLP (Trastorno Límite de la Personalidad) y mis padres tienen la última palabra en los ingresos. Da igual que yo no quiera, que esté mejor en casa o que prefiera X medicación a Y porque sé que Y me da efectos secundarios. Ellos deciden. Yo me convierto en una niña de 4 años sin voz ni voto”, reflexiona.

“La situación más bestia que he vivido ha sido en un ingreso tras un intento de suicidio”, recuerda. “Para empezar, una de las cosas que me llevó a intentar quitarme la vida fue la situación con mis padres. Sentir que todos tienen más poder de decisión que tú misma sobre ti te quita las ganas de todo. Me ingresaron, me reanimaron y la psiquiatra se dedicó a contar todo lo que venía en mi historial delante de mis padres sin dar yo permiso. Todo. Desde informes hasta cosas que había hablado con ella de forma privada”, nos explica. “Cuando le dije que por favor prefería hablar en privado, mis padres y yo tuvimos una discusión. No hubo ni violencia verbal ni física, pero la psiquiatra decidió que lo mejor era llamar a seguridad, a lo que mis padres accedieron. En ese momento yo ya sabía lo que tocaba, así que me callé e intenté no pensar para que pasase rápido”.

Tres personas de seguridad redujeron a Raquel mientras permanecía en una actitud pasiva, le administraron un sedante y le esposaron contra su voluntad. “Me tuvieron casi un día así. No lo recuerdo bien porque estaba muy adormilada, pero recuerdo dormirme y despertarme atada varias veces. Cuando ya se me pasó el efecto mi madre me preguntó si se me habían quitado las ganas de hacer tonterías y andar con secretismos”.

“¿Va a cambiar esto cuando se aplique la nueva ley? Pues yo creo que no, porque al final las personas con discapacidad y trastornos mentales somos la mierda que se barre debajo de la alfombra. No importamos a nadie. Nos ven como peligrosos o como dependientes, y eso no lo cambia una ley. Sé que lo que me pasó en ese ingreso me puede volver a pasar y le pasa a cientos de personas en España que no tenemos libertad ni derechos”, confiesa.

Lorena*, de 32 años, estuvo a punto de ser sometida a una intervención quirúrgica para extirparle el útero. “Mis padres se empeñaron en que yo no podía tener hijos incluso antes de que yo me parase a pensar si quería tenerlos o no. Que cómo iba a cuidarlos si no sabía cuidar de mi misma, que qué haría si alguien se aprovechaba de mí… Tratándome siempre de tonta, vulnerable, influenciable y mil cosas más, pero ninguna buena”, nos relata. “Así que su solución fue una histerectomía. Me quisieron quitar el útero”.

“Al final conseguí convencerles con ayuda de la trabajadora social del centro al que acudo, y durante siete años estuve tomándome pastillas anticonceptivas obligada por ellos. Luego decidieron que era más seguro un DIU porque no se fiaban de que me tomase las pastillas. Fue dolorosísimo y me pasé casi un año sangrando casi constante”, recuerda Lorena.

Su situación es muy similar a la que relató Britney Spears en su alegato frente al juzgado, que confesó llevar un DIU contra su voluntad y no poder solicitar al médico su extracción porque su tutor legal no se lo permite.

Actualmente, la esterilización forzosa está prohibida en nuestro país al considerarse una forma de violencia reproductiva totalmente en contra de los derechos humanos. Sin embargo, existe un vacío legal en lo que a otras formas de anticoncepción se refiere, como los fármacos, los implantes subdérmicos o el dispositivo intrauterino (DIU), contraindicado en personas con discapacidad por un mayor riesgo de infecciones molestias y sangrado según la Federación Española de Síndrome de Down.

“Es muy frustrante porque te explican que los tutores buscan promover tu autonomía, además te lo dicen con esas palabras. Y tú vives algo totalmente diferente, y encima si tienes un trastorno mental llegas a pensar que a ver si estás distorsionando la realidad, que igual sólo exageras y ellos están cuidándote”, expone evidenciando la dura situación de desprotección a la que se enfrentan las personas tuteladas en España.

*Álvaro y Lorena han pedido utilizar nombres ficticios para proteger su identidad.